Límite temporal de la instrucción penal. Análisis del artículo 324 de la LECrim

El art. 324 LECR en su nueva redacción, tras su modificación por la Ley 2/2020 de 27 de julio previene lo siguiente:

“1. La investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa.

Si, con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses.

Las prórrogas se adoptarán mediante auto donde se expondrán razonadamente las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, así como las concretas diligencias que es necesario practicar y su relevancia para la investigación. En su caso, la denegación de la prórroga también se acordará mediante resolución motivada.

2. Las diligencias de investigación acordadas con anterioridad al transcurso del plazo o de sus prórrogas serán válidas, aunque se reciban tras la expiración del mismo.

3. Si, antes de la finalización del plazo o de alguna de sus prórrogas, el instructor no hubiere dictado la resolución a la que hace referencia el apartado 1, o bien esta fuera revocada por vía de recurso, no serán válidas las diligencias acordadas a partir de dicha fecha.

4. El juez concluirá la instrucción cuando entienda que ha cumplido su finalidad. Transcurrido el plazo máximo o sus prórrogas, el instructor dictará auto de conclusión del sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda.”

1. En cuanto al dies a quo para el comienzo del cómputo del plazo de un año para la instrucción del art. 324 LECR

El art. 324 LE4CR señala que el plazo de instrucción de un año comenzará a computarse “desde la instrucción de la causa”, por lo que según viene estableciendo de manera pacífica la jurisprudencia y la Fiscalía General del Estado (Circular 1/2021 de 8 de abril) el dies a quo queda fijado por la primera resolución de incoación de procedimiento ordinario o diligencias previas.

En este sentido, tanto la postura de las Audiencias Provinciales como de la Fiscalía General del Estado en el caso de solicitud de INHIBICIONES por cuestión de competencia es la de mantener la fecha para el cómputo del dies a quo la del primer auto de incoación que se dicte, ya que no puede ir en detrimento de la agilización del procedimiento el tiempo que la Administración emplee en determinar el órgano competente.

Circular 1/2021 F.G.E.: “La nueva redacción del artículo 324.1 LECrim fija la fecha de incoación de las actuaciones como dies a quo para el cómputo de los plazos al señalar que «[l]a investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa».

Como ya advirtiera la Circular de la FGE n.º 5/2015, la determinación del dies a quo plantea problemas en los supuestos de inhibiciones y acumulaciones en los que pueden concurrir varios autos de incoación de distinta fecha. Los criterios que sobre dicho particular se recogían en la referenciada Circular se asumen íntegramente en la presente y deben entenderse plenamente aplicables en la actualidad.

Así, en el caso de las inhibiciones por cuestiones de competencia, la fecha a tener en cuenta será la del primer auto de incoación que se dicte, ya que en ningún caso el tiempo que la Administración de justicia emplee en determinar el órgano competente puede ir en detrimento de la agilización del procedimiento (vid. AAP Barcelona 196/2020, de 2 de marzo; SAP Madrid 108/2020, de 17 de febrero; AAP Zaragoza 52/2020, de 24 de enero; AAP Tarragona 861/2018, de 21 de diciembre; AP Ciudad Real 204/2018, de 17 de mayo; AAP Pontevedra 474/2017, de 1 de junio, AAP Barcelona 437/2020, de 18 de junio; AAP Madrid 654/2019, de 20 de septiembre; AAP Girona 476/2019, de 15 de julio; AAP Valladolid 113/2017, de 13 de marzo; AAP Tarragona 129/2020, de 28 de febrero; AAP Bilbao 151/2019, de 16 de mayo; AAP Barcelona 106/2018, de 31 de enero).”

2. En cuanto a las diligencias sumariales acordadas tras la expiración del plazo máximo de un año de instrucción

A tenor de lo anterior, resulta incontrovertido que la fecha de inicio del cómputo del plazo debe quedar fijada con el primer auto de incoación de diligencias previas.

En relación con esta cuestión, el Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente de manera contundente en la Sentencia 455/2021 de su Sala Segunda, en la que pone de manifiesto que los plazos establecidos en el art. 324 LECR son plazos imperativos de obligado cumplimiento y que el exceso de los mismos provoca la caducidad de todas las diligencias y actuaciones practicadas con posterioridad, debiendo ser declaradas nulas de pleno derecho, ya que conllevarían una indefensión material y formal del investigado.

Particularmente, aborda la cuestión de la llamada extemporánea al proceso de los investigados en el sentido de considerar que no es posible llamar al proceso a ningún investigado ni practicar diligencias una vez transcurrido el plazo máximo de instrucción, siendo radicalmente nula dicha llamada.

“La sentencia absolutoria es consecuencia de la nulidad de actuaciones acordada por la Audiencia Provincial y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que alcanza a la propia formulación de la acusación y la apertura de juicio oral, toda vez que no era posible legalmente continuar las diligencias previa por los trámites del Procedimiento abreviado al no existir declaración válida del investigado en el periodo de instrucción, antes de su expiración. Por ello, conforme a lo establecido en el art. 779.4º en relación con el art. 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debió dictarse el archivo de la causa…

Consecuencias de la superación del plazo 1.- La inviabilidad de incorporar nuevo material instructorio. 2.- Ni de practicar actuaciones adicionales (ni siquiera la que sería primera llamada al proceso de los luego acusados), una vez que había expirado sin haberse interesado su prórroga el plazo máximo de investigación establecido legalmente.”

Los efectos que sobre el procedimiento ha de tener, tras la estimación de la cuestión previa planteada por las defensas y la declaración de nulidad de las actuaciones practicadas tras la expiración del plazo de instrucción, la expulsión del procedimiento de todo el acervo probatorio acumulado como resultado de aquellas actuaciones declaradas nulas.

Con el doble resultado de que, por un lado, restaría como único material instructor el testimonio de particulares que dio lugar a la incoación de la causa (mera NOTICIA CRIMINIS huérfana de cualquier corroboración); y, por otro, habría también precluido la posibilidad de practicar siquiera lo que con razón califica de «diligencia esencial e insoslayable», cual es el primer llamado de los luego acusados para adquirir la condición procesal de investigados y poder ejercer los derechos reconocidos en el artículo 118 LECR; diligencia ésta que ya no sería dable practicar una vez expirado el plazo del artículo 324 LECR.

Todo lo cual aboca a la decisión de instancia, que la Sala comparte plenamente, acerca de la procedencia, en tales circunstancias, del dictado de sentencia absolutoria.”

A la anterior STS 451/2021 le han seguido otras con idéntico fundamento y fallo: STS 261/2021, de 22 marzo; STS 66/2021, de 28 de enero; STS 143/2022, de 20 de enero; SAP Sevilla 1108/2022 de 8 de septiembre de 2022; SAP Sevilla 204/2022 de 8 de abril de 2022, ya que es la única que el ordenamiento jurídico posibilita. El art. 779 LECrim ofrece un abanico de opciones a resolver cuando se practiquen todas las diligencias pertinentes. Puede dictarse un auto de sobreseimiento, o el auto de continuación por el trámite de procedimiento abreviado del art. 757 LECR, pero, si no se ha practicado la declaración del investigado a dicha fecha, ni se le puede conferir el derecho de defensa en la instrucción, por lo que el sobreseimiento impera:

STS 143/22, de 20 de enero: “Los categóricos términos empleados por el legislador, como que el transcurso de los plazos «sí provoca consecuencias procesales» o la mención a ese «límite temporal infranqueable» para la realización de las diligencias, dejaban nulo margen para que, llegado el asunto a este Tribunal, se pronunciara en el sentido de reconocer validez a actuación alguna acordada fuera de esos plazos legales, pues no parece razonable que, ante tan concluyente mención, se acuda a fórmulas para sobrepasar unos plazos que el propio legislador ha definido como infranqueables.”

STS 66/2021, de 28 de enero: “No se trata de compartir, o no, la vía del art. 324 LECRIM en su anterior redacción o la actual, (Ley 2/2020, de 27 de julio) sino que se trata de una opción legislativa que debe ser observada en el desarrollo del proceso. Se trata, pues, del respeto a una norma procesal de fijación de un plazo que se ha vulnerado de forma evidente y de ello se predican las consecuencias que el Tribunal aplica y son confirmadas por correctas técnicamente….

El legislador ha querido fijar un plazo y enmarcar en él el trámite instructor condicionando la validez de las diligencias practicadas a que se lleven a efecto en ese plazo, y siendo inválidas las ejecutadas fuera de él, salvo las denominadas diligencias rezagadas del art. 324.7 (actual art. 324.2 LECRIM).

Las consecuencias procesales de la práctica de diligencias fuera del plazo fijado ex lege es que “no serán válidas”, y ello arrastra todas las consecuencias que dimanan de esa nulidad acordada en la sentencia recurrida, como lo es la nulidad de lo actuado y la consiguiente absolución en el caso de que se llegue a juicio oral con esta quiebra procesal en el procedimiento. El plazo fijado no es de carácter “voluntarista”, o subsanable. Es de obligado cumplimiento.

La fijación de un plazo ex lege reforzado por la Ley 2/2020 de 27 de julio para practicar diligencias en fase de instrucción es un límite que debe ser observado en el ejercicio de la función jurisdiccional, y no hay cabida a la subsanación de ese límite infranqueable. El exceso y superación del plazo sin prórroga acordada dentro de él determina la NULIDAD de las diligencias llevadas a cabo, y todo lo que de ello se deriva, hasta la apertura de un juicio oral, incluso, como aquí ha ocurrido.

No hay subsanación posible a una diligencia no válida ex origen. No puede admitirse esta declaración de que el plazo del art. 324 LECRIM es impropio por esta Sala. Se niega, pues, con rotundidad la validez a las diligencias posteriores al plazo fijado ex lege constituyendo una clara “opción de política legislativa”.

En definitiva, de la lectura de las resoluciones del Tribunal Supremo se concluye de manera nítida que los plazos establecidos en el art. 324 LECR son plazos imperativos de obligado cumplimiento y que el exceso de los mismos provoca la caducidad de todas las diligencias y actuaciones practicadas con posterioridad, debiendo ser declaradas nulas de pleno derecho, ya que conllevarían una indefensión material y formal del investigado.

Particularmente, aborda la cuestión de la llamada extemporánea al proceso de los investigados en el sentido de considerar que no es posible llamar al proceso a ningún investigado ni practicar diligencias una vez transcurrido el plazo máximo de instrucción, siendo radicalmente nula dicha llamada.